Noticia Catalunya Barretina agosto

ÒSCAR PALAU – BARCELONA
Otra justicia, ahora la escocesa, que se pronuncia definitivamente sobre los políticos independentistas en el exilio, y otro caso que se cierra a su favor. Después de la última vista que se hizo ayer por la mañana, el Tribunal del Sheriff de Edimburgo decidió archivar la petición de extradición de la ex consejera de Educación Clara Ponsatí, profesora de la Universidad de Saint Andrews que desde febrero del 2020 es eurodiputada por Junts, por lo cual trasladó su residencia en Bélgica. “No se puede extraditar alguien que no está aquí”, sentenció el juez Nigel Ross, en una audiencia en que concurrieron el gobierno español, representado por la fiscalía de Edimburgo, y la defensa de Ponsatí, representada por los abogados Aamer Anwar y Claire Mitchell. Ross constató que una extradición en estas circunstancias es “imposible” para los tribunales escoceses, puesto que es competencia de las “autoridades españolas”, a quién devolvió el caso. El tribunal, pues, atendió las razones de la defensa, al considerar que Ponsatí no está bajo la jurisdicción escocesa porque ya no vive en el país ni tiene planes para volver, y que por lo tanto tenía que cerrar el proceso judicial en curso. “Caso de extradición en Escocia archivado. De nuevo, gracias, gracias, gracias a todo el mundo quién contribuyó a los fondos para mi defensa escocesa y a todos los que me habéis apoyado. Gratitud y admiración eterna por los abogados”, tuiteaba a pri­mera hora de la tarde la ex ministra de educación catalana, que no fue a la vista.

Según Anwar, el tribunal “ya había anticipado” que Ponsatí ya no estaba bajo la jurisdicción de Escocia, a pesar de que en la anterior audiencia de procedimiento celebrada en mayo el fiscal no lo vio claro y pidió una nueva vista para determinarlo, la que se hizo ayer por la mañana, cuando el juez se limitó a determinar que la encausada “tiene que dejar de ser una persona buscada” y que los procesos judiciales para su extradición “se tienen que cerrar definitivamente”. “Todas y cada una de las veces que Clara Ponsatí y el resto de exiliados se han enfrentado en el Estado español han ganado, mientras que España ha fracasado en su intento de aplastar las ambiciones del pueblo catalán”, afirmó después en un hilo de tuits. Según él, el Estado no presentó ningún “argumento racional” para justificar la “criminalización” de un movimiento pacífico como el independentista “Clara quiere agradecer a la mucha gente de Escocia y de todo Europa que le ha dado tanto amor, apoyo y solidaridad en tiempos difíciles, y con­fía que algún día podrá volver de su exilio político a su amada Cataluña”, concluía.

Ponsatí compareció por primera vez ante el tribunal de Edimburgo hace más de tres años, el marzo del 2018, cuando también se detuvo al expresidente Carles Puigdemont en Alemania a raíz de la euroorden reactivada por el Supremo contra ellos por su par­ticipación en el referéndum del 1 de octubre. Ponsatí estaba acusada del delito de sedición, un “delito arcaico”, según definía ayer Anwar, creado en el siglo XVI por los tribunales europeos que temían una reacción del pueblo en el camino hacia la democracia, mucho antes que la libertad de expresión deviniera un derecho fundamental. Ponsatí, recordaba su abogado, siempre ha mantenido que la euroorden no era más que una revancha “motivada jurídicamente”, y que no habría garantías de un juicio justo en el Estado después de ver el “show” en el juicio del Supremo.

Después de que la justicia alemana decidiera no librar Puigdemont por rebelión, el julio del 2018, el juez que instruye el caso, Pablo Llarena, volvió a retirar las euroórdenes, y no las volvió a activar hasta después de que el Supremo dictó sentencia contra los responsables del 1-O, en octubre del 2019. A raíz de ello, aquel noviembre Ponsatí se volvió a pre­sentar ante el mismo tribunal de Edimburgo, que le mantuvo el pasaporte para poder viajar, mientras el juicio se fijaba para diciembre. Después, pero, sufriría más aplazamientos al constatarse que en febrero entraría como eurodiputada a raíz del Brexit y que la sentencia del TJUE por el caso Junqueras le aseguraba que no tenía que volver al Estado a jurar la Constitución como paso previo.

Igual que Puigdemont y el ex consejero Toni Comín, Ponsatí disfrutaba como eurodiputada de una inmunidad que el Parlamento Europeo le retiró al aprobar su suplicatorio el marzo pasado, una decisión contra la cual se presentó un recurso al TGUE, que a prin­cipios de junio la dejó en suspenso pero que a final de julio la corroboró, mientras no entra en el fondo del asunto. El tribunal adujo para justificar el último paso que las euroórdenes de facto están en suspenso desde que en marzo el mismo Llarena emitió una cuestión prejudicial al TJUE, que la aceptó en mayo, a raíz de la sentencia belga que rehúsa la extradición del también ex consejero Lluís Puig. El TGUE cree que la respuesta del TJUE puede afectar los casos de los eurodiputados, que, eso sí, mantienen entretanto la protección parlamentaria que les permite al menos ir y volver de las sesiones en Estrasburgo.

Concentrarlo en Bélgica

A pesar que ya estaba blindada, la defensa de Ponsatí quiso continuar el procedimiento en Escocia y de paso dejar en evidencia Llarena, puesto que, según recordaba Anwar ayer, “nunca informó” a los tribunales ejecutores que las euroórdenes estaban suspendidas. Además, la estrategia era conocentrar las causas de todos los exiliados en Bélgica, donde es pre­visible que acaben cómo lo pre­cedente favorable de Puig. Eso sí, si Llarena quisiera dictar una nueva euroorden contra Ponsatí en su nuevo país, no lo podría hacer hasta que no contesten su cuestión prejudicial, cosa que fuentes consultadas de la defensa no prevén que pase como mínimo hasta el alrededor del marzo próximo.

https://www.elnacional.cat/es/editorial/reves-llarena-ponsati_639584_102.html

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